El Sol de Toluca
¿Y EL CRIMEN DESORGANIZADO?
La Procuraduría de Justicia del Estado de México ha caído en un estado de lasitud. Sufre desmayo. Se le ve cansancio generalizado.
La Procuraduría de Justicia del Estado de México ha caído en un estado de lasitud. Sufre desmayo. Se le ve cansancio generalizado.
Y no es para menos. La representación social, también llamada MP, está saturada de trabajo. Vive en tensión, temerosa. Se le ve preocupada. Todo porque ha tenido que enfrentar repetitivamente desalmada acción de los delincuentes organizados por los cuatro puntos cardinales del Estado de México.
No se le puede tildar de incompetente. Trabaja en situaciones nuevas con personajes del crimen más rudos.
La pesada ola delictiva es la crisis de la temporada, difícil de combatir porque ¿contra quién se va?
Los grupos violentos actúan aprovechando el factor sorpresa. Lo mismo arrojan dos docenas de cadáveres en un solo día, que en otro son capaces de provocar un accidente espacial.
En el tema violencia, a nivel República, la entidad mexiquense ocupa destacado sitio, obviamente, con cifras lamentables.
Es amplio el menú de la maldad. “Levantados”, secuestrados, baleados, torturados, degollados, decapitados, encajuelados, etc.
Capítulo peligroso aparte son los grupos de delincuentes dedicados a la extorsión. Hace poco, después de sacrificado el alcalde de Ixtapan de la Sal, vecinos de Almoloya de Alquisiras, externaron su angustia porque constantemente están amenazados. Productores de flores dijeron que al municipio han llegado sujetos que alquilan casas y se dedican a observar movimientos de los pobladores con el objeto de identificar a quiénes pueden extorsionar. Es la famosa venta de seguridad que se ha extendido en muchos lugares. Comentaron que el último alcalde amenazado por no “entrarle a la cuota de seguridad” fue el de Tenancingo. En los baños de la Casa de la Cultura dejaron un “atento” recado.
Son tantas y variadas las acciones sanguinarias de esos despiadados criminales que en frecuentes ocasiones se cae en confusiones de competencia legal porque -debe decirse- actualmente, tratándose de hechos de sangre, ya es difícil establecer cuándo se trata de delitos federales o del fuero común.
Tan es así que los mandos han preferido hacer una combinación de cuerpos policíacos que entren juntos al problema.
Muchos casos deberían ser investigados por la Procuraduría General de la República, principalmente cuando se trata de “delitos con marca”, es decir, con sello de crimen organizado, pero los agentes federales no cumplen con su labor, prefieren -desde hace mucho tiempo- realizar servicio de limpia recogiendo toneladas y toneladas de productos que llaman “apócrifos”. Parece que les gusta mucho el trabajo de recolectores de basura. De ello, diariamente, dejan clara constancia en los boletines que emiten. Por lo que hace a la Procuraduría de Justicia del estado, se reflejan varios problemas:
1.- Ahí están angustiados porque, como nunca, se les acumula el trabajo y crece el cerro del rezago.
2.- Hay tensión en la dependencia porque las 24 horas del día obligadamente debe estar alerta y esperar lo inesperado.
3.- Hay temor porque saben que el enemigo tiene mejor armamento.
En la Procuraduría estatal sí hay trabajo, pero sólo de burocracia. Está activo el sistema de informática, que guarda kilómetros y kilómetros de denuncias de la gente que va a presentar sus denuncias.
Alrededor de unas quinientas actas las que se levantan en todo el estado, pero muy pocas se investigan. La mayor parte de esas averiguaciones pasa a “mejor vida” al área de reserva o archivo.
No se investigan por varias razones, porque son asuntos de poca relevancia y porque ya están muy escasos los investigadores. Buena parte de los investigadores ministeriales han huido de la corporación.
Otros fueron dados de baja después de que pasaron la prueba de selección que les practicaron sus pares en la PGR, experimento que no se sabe qué resultados tuvo. Es muy discreto el director de la policía ministerial.
Con todo enfocado a atender fechorías del crimen organizado, se requiere impulsar una iniciativa para crear la Procuraduría contra “crimen desorganizado”, una Procuraduría de Justicia que atienda los delitos que no son relevantes.
CARTA DE UN
INFORMANTE
Toluca, Méx., a 7 de noviembre de 2008
C. Rafael Vilchis Gil de Arévalo
Director de “El Sol de Toluca”
Presente
Señor director:
Indudablemente que los comentarios vertidos por el licenciado Gerardo Fuentes Ruiz son valiosos desde el punto de vista jurídico, ya que se trata de un prestigiado abogado preparado, estudioso, y sobre todo conocedor de la administración pública municipal.
Ahora de manera muy respetuosa me permito sugerirle solicite a un profesionista en contaduría pública, con experiencia en cuestiones contables municipales, opine al respecto, a partir del dictamen de auditoría, peritajes y junta de peritos. De la misma forma invite a algún ingeniero civil y/o arquitecto a fin de que pueda opinar en lo que a obra pública se refiere.
Dentro de los documentos que me permití enviarle la semana próxima pasada, se encuentra la ampliación de declaración del señor Mena, titular del OSFEM, durante el proceso penal que se le sigue a Leonardo Bravo Hernández y otros.
No es posible que una persona con la preparación universitaria, con título de licenciado en Contaduría, maestro en Finanzas, egresado de una de las más caras y prestigiadas universidades del país, como lo es la Anáhuac, cometa tantas torpezas y exista tantas contradicciones, desconocimiento, omisiones y deficiencias, como ejemplo de lo anterior:
No es viable que exista tanta improvisación en el personal como auditores (de técnicos en construcción y técnicos contables) y que se le dé más valor a una “certificación” en cursos de unas cuantas horas de supuesta capacitación al personal (auditores), que a un título universitario; donde el titular el OSFEM al ser cuestionado sobre el particular afirma “no lo sé”, uno se pregunta si una “certificación” estará reconocida por la Dirección General de Profesiones de la SEP, y que habiendo sido tesorero municipal de Toluca no sepa que el contralor municipal no firma los informes mensuales que los municipios presentan ante el OSFEM, como lo afirma en su ampliación de declaración y me pregunto cuál será la situación que guarda el municipio de Toluca cuando fue tesorero, respecto de las observaciones que en su momento emitió el Organo de Fiscalización.
Finalmente y acerca de las declaraciones del diputado Mario Santana Carbajal... bueno “pues no se le puede pedir peras al olmo”.
A propósito ¿ya habrá solventado ante el OSFEM la auditoría y pliegos de observaciones y dictámenes que en su momento se le hicieron cuando fue presidente municipal de Villa Victoria?
Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.
Firma un informador de la Parroquia.
QUE HABLE LA JUEZ
Tiene razón el informador de la Parroquia, en la auditoría practicada al ex alcalde Leonardo Bravo, el maestro en Finanzas, Octavio Mena, utilizó los servicios de tres contadores con títulos y dos pasantes, así como otro pasante en arquitectura.
Pero por otro lado, aunque sigan apareciendo más defensores del titular del Organismo Superior de Fiscalización, sigue en el aire la pregunta: ¿A dónde están los cien millones de pesos del peculado? Se cuestiona al OSFEM y a los legisladores: ¿Por la misma causa habrá otro proceso penal contra Leonardo Bravo?
Para concluir este asunto, se le solicita al presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, Lic. José Castillo Ambriz, que nos preste a la juez del procedimiento para que diga públicamente por qué aplicó una mini-pena al inculpado. Y qué fue lo que falló en la consignación.
El Sol de Toluca
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